Las violaciones a los derechos de propiedad intelectual, presentes en los productos falsificados, reducen la posibilidad de que los creadores se beneficien de sus ideas, inventos y creaciones originales. Estas violaciones reducen también los incentivos que tienen los creadores o inventores para invertir tiempo, dinero y otros recursos en sus ideas, inventos, y creaciones originales. Cuando los productos falsificados son medicamentos, a los efectos señalados arriba, se deben sumar los riesgos para la salud y la  vida humana que se derivan de estas prácticas clandestinas y, en muchos casos, criminales.

SSFFC (Substandard/spurious/falsely-labelled/falsified/counterfeit) es el acrónimo acuñado en el 2010 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para designar los fármacos falsificados. De acuerdo con la OMS, éstos son muy difíciles de detectar. Cuando se comercializan al detal, el diseño de sus empaques es casi idéntico al de los productos originales y sus ingredientes pudieran no causar reacciones adversas obvias o inmediatas. Sin embargo, es probable que no sean eficaces para tratar la enfermedad o condición que afecta a un paciente. La falsificación de medicamentos es un problema global que, según estudios conducidos por la OMS afecta a unas 1050 categorías terapéuticas, que incluyen: medicinas, vacunas y diagnósticos in vitro, medicinas innovadoras y genéricas, costosos fármacos contra el cáncer y baratos analgésicos, suplementos alimenticios, vitaminas y hierbas.

Se tiene evidencia de que el problema es más agudo en los antimaláricos (según The Economist en 2011, 64% de los fármacos de esta categoría que se vendían en Nigeria eran falsificados) y en los antibióticos. Un caso bien documentado de medicina falsificada es el de la bevacizumab (Avastina), un fármaco usado en quimioterapia. En febrero de 2012, el fabricante de este fármaco, la compañía Genentech, filial de Laboratorios Roche, informó a los médicos que en Estados Unidos se estaba comercializando una versión del medicamento que contenía sal y almidón, pero no el componente activo. La OMS ha estimado que en los países en desarrollo entre 10 y 30 por ciento de todos los medicamentos que se comercializan son falsos o adulterados. Harvey Bale, Director General de la Federación Internacional de Laboratorios Farmacéuticos declaró en 2005 que esta cifra sobreestimaba ampliamente la magnitud del problema. Sin embargo, mucho menor no es. Así, en un capítulo sobre este tema incluido en Illicit Trade: Converging Criminal  Networks (2015), publicado por la OECD, se refiere que en 2014, la Organización Mundial de Aduanas (WCO) estimó que el mercado de medicamentos falsificados alcanzaba los 200 millardos de US dólares al año.

De modo que los SSFFC constituyen una industria próspera y multimillonaria que mueve más recursos que el tráfico de drogas. Complica este problema el hecho de que esta clase de falsificación no opera solamente mediante un reemplazo de fármacos que poseen un efecto terapéutico verificado y aprobado por una institución reguladora, por otros con menor o nulo efecto sobre la enfermedad. Sino que, con frecuencia, los productos químicos que los falsificadores utilizan para reemplazar los ingredientes activos originales pueden tener efectos nulos sobre la enfermedad que se espera curar, pero tener en cambio efectos dañinos para la salud, o ser fatales.

Los gobiernos de los países que sufren más agudamente este problema están realizando grandes esfuerzos para descubrir y destruir los laboratorios clandestinos que manufacturan estos medicamentos. Muchos de ellos están localizados en China y desde allí los medicamentos falsificados son exportados a otras naciones, típicamente aquéllas con debilidades institucionales en sus fronteras o con ambientes de seguridad jurídica pobres o inexistentes. Se ha encontrado que los países que más sufren este problema son aquéllos con ingreso medio a bajo, localizados en áreas en conflicto, con sistemas de salud pública débiles o inexistentes. También se ha observado que muchos países que sufren las formas más agudas de este problema tienen elevados aranceles para la importación de medicamentos (o recurren a barreras no arancelarias como cuotas de importación). Lo anterior nos hace pensar que las actuales políticas de Venezuela en el sector salud, y su crítica situación en materia de medicamentos, nos hacen más susceptibles a ser víctimas de las mafias globales implicadas en la falsificación de medicamentos.

En cuanto a los canales de distribución de los medicamentos falsificados, la evidencia sugiere que los agentes implicados en este negocio, cuando distribuyen sus productos a consumidores finales, eligen hacerlo mediante puntos de venta de difícil regulación, muchos de ellos situados en mercados públicos, o mediante sitios de venta por internet. En los casos de mayoristas, hay foros digitales que facilitan transacciones de negocio-a-negocio de productos terminados o de los ingredientes activos de los medicamentos.

Para combatir el problema de los medicamentos falsificados debemos combinar estrategias locales con estrategias internacionales. Por un lado, permitir que cada institución con competencias que toquen central o lateralmente el problema, o se vean afectadas por éste, definan y ejecuten estrategias para resolverlo. Que lo aborden desde sus fortalezas y con sus capacidades y recursos humanos específicos. Pero que la información que cada uno produce fluya ágilmente entre esas instituciones. Con base en ella, en el corto plazo, los líderes de esas instituciones deben ser capaces de construir una agenda común, intercambiar periódicamente sus logros, y determinar cuánto se acercan a sus metas comunes. La Interpol, la OMS, la ONU, los grandes laboratorios transnacionales, los laboratorios boutique, las firmas especializadas en PI, las agencias públicas regionales y locales responsables de regular la  industria farmacéutica y química, las aduanas, las agencias tributarias, y las fuerzas policiales, son algunos de los actores que inevitablemente tendrán un rol clave en la solución de este problema.

En el ámbito local, sería necesario revisar los marcos legales que regulan la manufactura, distribución y comercialización de medicamentos en cada país, y fortalecer las instituciones estatales responsables de que se cumplan las leyes. Un aspecto crítico de esto es la actitud de la gente hacia la sanción moral y judicial de esta clase de crímenes. Aun cuando falsificar medicamentos es un acto criminal que causa muertes, es más probable que a uno lo enjuicien por falsificar una cartera de Gucci o de Prada que por hacerlo con un medicamento. La lógica que subyace a esta actitud deberá cambiar radicalmente para erradicar este problema.

El autor del texto es Manuel Polanco Fernández, Director Socio del escritorio Bolet & Terrero (mpolanco@B&T.com.ve). 28/06/2016