En Caracas y otras ciudades de Venezuela uno puede caminar por algunas aceras, como ocurre en las vecindad del centro comercial Macaracuay Express, en donde vemos cómo en decenas de minitiendas se venden copias piratas, en formato de CD´s o DVDs, de las más recientes películas y series de televisión. Un argumento que un consumidor típico de estos productos puede repetirse a sí mismo para apaciguar su consciencia es el de la escasez absoluta (Si no compro la copia pirata dónde la voy a conseguir en versión original si no tengo divisas para pagar un servicio de streaming como Netflix y en el país nadie vende copias originales?). Hay otro argumento posible que es más débil. Es una suerte de crítica oportunista al capitalismo: ¿Si las productoras propietarias de los derechos de esas películas son tan ricas, y yo que resido en este país en el que todo escasea, soy relativamente tan pobre, qué daño puedo estar haciendo al comprar algo que, traducido a dólares, tiene un valor tan insignificante? ¿Finalmente, no es mi decisión de consumo de estos productos un acto de justicia? Es ésta la clase de argumentos que nos ayuda a convencernos de que la piratería es un crimen sin víctimas y de que nosotros no incurrimos en pun acto de transgresión al comprar lo que es pirata o falso.

Sin embargo, esa clase de argumentos legitimadores de la piratería se construyen con base en una fracción mínima de los hechos. Hay una parte del negocio de los empresarios relacionados con la piratería que es invisible a los ojos del consumidor común, aquel que compra esos dvd´s o el que compra una cartera Louis Vuitton o Prada falsas.

Ante todo es preciso darnos cuenta de que las cifras no son marginales. Se estima que a escala global el negocio del comercio de productos falsificados alcanza los 500 mil millones de dólares. Este dinero, que se convierte en ganancias para emprendedores ilícitos, tiene impactos negativos en una amplia gama de sectores y esferas de la sociedad, desde las aduanas y las instituciones responsables de recaudar impuestos hasta los comerciantes y los consumidores. La manufactura de los productos ilícitos y su consumo pueden afectar la salud y calidad de vida de los consumidores, degradar el ambiente y la biodiversidad, contraer los montos recaudados por concepto de impuestos, minar el crecimiento empresarial y, por tanto, la creación de puestos de trabajo en industrias legítimas (cuyos empleados se rigen por leyes laborales que protegen sus derechos laborales y humanos y no por otras que pueden incurrir en violación de ellos). De modo que el efecto global no es sólo económico sino también psicológico y sociológico. Se afecta la confianza de los consumidores en el mercado, el Estado y los comerciantes, y todo ello tiene un importante efecto disruptivo del orden social.

Un punto adicional a la serie de efectos de los negocios ilícitos es que en los últimos años se ha recogido evidencia de que ésta está asociada a terroristas. Los gobiernos, los políticos, los organismos de inteligencia y policiales, los expertos en propiedad intelectual, están conscientes de que redes trasnacionales de crimen organizado están implicadas, a nivel regional, en la manufactura y distribución de bienes falsificados o pirateados. Hoy en día se tiene evidencia firme de que los asaltantes que perpetraron los ataques terroristas en 2015 en París estaban vinculados a actividades de falsificación y piratería.

El texto publicado forma parte de una serie de dos entregas sobre piratería y terrorismo. Los autores son Lorenzo Dávalos, asesor en mercadeo y comunicación estratégica de Bolet & Terrero (ldavalos@B&T.com.ve), y María Elena Terrero, Coordinador de Proyectos Especiales de Bolet & Terrero (mterrero@B&T.com.ve). 28/06/2016