Uno de los primeros que intuyó el vínculo entre estas dos actividades fue Robert K. Noble. El 16 de julio de 2003, Noble, quien para el momento era Secretario General de Interpol, declaró ante el Comité de Relaciones Internacionales del Congreso de Estados Unidos que su trabajo no sólo lo llevaba a confirmar la relación entre el crimen organizado y los bienes falsificados sino también que el crimen contra la propiedad intelectual se estaba convirtiendo, desde comienzos del Siglo XXI, en el método preferido de financiamiento de los grupos terroristas. Esto convertía a los delitos de falsificación en una amenaza a la seguridad pública contra la que se debían tomar medidas cautelares a la brevedad posible. Según lo veía Noble, el principal problema que esto creaba era que las instituciones responsables de aplicar las leyes, por lo general no trataban los delitos contra la propiedad intelectual como un área prioritaria, lo que implicaba que se destinara menos presupuesto a investigaciones relacionadas con estos delitos que a actividades contra el terrorismo o el narcotráfico.

La declaración de Noble obligó a repensar los crímenes de violación de derechos de propeidad intelectual que resultan en la manufactura de productos piratas. Reconocerlos como crímenes graves con implicaciones importantes para la seguridad y la protección pública. En aquella oportunidad, Noble le entregó al Congreso de Estados Unidos un informe que indicaba que grupos terroristas tales como: Al-Qaeda, Hezbolá, los separatistas chechenos, los extremistas étnicos albanos en Kosovo, y los paramilitares en Irlanda del Norte se beneficiaban de la manufactura o venta de bienes falsificados.

El libro de Moisés Naím, Ilícito, Cómo contrabandistas, traficantes y falsificadores están secuestrando la economía global (2005) profundiza en este tema y lo relaciona con una serie de actos de transgresión. Naím sostiene que una red global encargada de la manufactura y distribución de bienes falsificados está asociada con la mafia y el terrorismo y que sus operaciones deben ser contenidas cuanto antes. Agrega que países menos desarrollados carecen de los recursos y el conocimiento para disuadir o combatir las organizaciones terroristas, las cuales utilizan sus recursos financieros para impedir que se ejerza una coerción eficaz de los derechos de propiedad intelectual.

Brandy Robinson, otro autor que ha investigado este problema, señala que: A primera vista, la propiedad intelectual y el terrorismo parecen ser dos tópicos distantes. Sin embargo, ambos están estrechamente relacionados dado que los grupos terroristas, particularmente en naciones menos desarrolladas, prosperan con ayuda de violaciones a la propiedad intelectual que les permiten financiar exitosamente actos terroristas. Las violaciones a la propiedad intelectual asociadas a esta clase de crímenes son difíciles de detectar y de comprender, lo que las hace poco visibles para los responsables de la vigilancia y aplicación de las leyes y, por tanto, muy codiciadas por los grupos terroristas, dado que les permite pasar desapercibidos y mantenerse desconectados de las actividades con las que se espera normalmente que esté vinculado un grupo terrorista.

 

El primer caso en el que se probó que existía un vínculo entre piratería y terrorismo ocurrió en 1994, en el caso de la bomba que el grupo Hezbolá hiciera explotar en el Centro de la Comunidad Judía de Buenos Aires (AMIA). Hoy se sabe que decenas de casos de terrorismo, cada uno de ellos con crueles y devastadoras consecuencias, han estado asociados de manera directa o indirecta al comercio ilícito.

Aparte de las respuestas institucionales a este problema—creando departamentos para atacar de forma rápida y efectiva el problema, o grupos especiales multidisciplinarios que estudien el tema y recomienden políticas y estrategias—, su solución requiere, ante todo, de una toma de conciencia por parte de los consumidores, quienes en última instancia son los que demandan los bienes ilícitos. En este eslabón de la solución, juegan un rol clave los medios de comunicación, las redes sociales y la sociedad civil. Cada uno de esos tres sectores deberá asumir mayores responsabilidades en diseminar el conocimiento sobre este complejo problema.

Los autores de las dos entregas de este trabajo fueron: María Elena Terrero, Coordinador de Proyectos Especiales en Bolet & Terrero (mterrero@byt.com.ve), y Lorenzo Dávalos, Asesor en Mercadeo y Comunicaciones de Bolet & Terrero (ldavalos@byt.com.ve). 28/0672016